Quiero compartir con ustedes la Declaración institucional del
Gobierno Vasco sobre las últimas actuaciones judiciales, la misma fue hecha pública el día 27 de enero de 2007. Para aquellos a los que resulte de interés también agrego a continuación su traducción al euskera.
Declaración institucional del
Gobierno Vasco sobre las últimas actuaciones judiciales
El
Gobierno Vasco, con serenidad pero de manera firme, desea trasladar a la ciudadanía una honda preocupación sobre la evolución que está experimentando la actuación de determinados, subrayo determinados, órganos de la Administración de Justicia, por el impacto que algunas -ya demasiadas- decisiones judiciales tienen en el normal desenvolvimiento de una sociedad verdaderamente democrática y libre.
No se trata, desde luego, de una valoración de trazo grueso que comprometa al conjunto -ni siquiera a la mayoría- de los profesionales de que depende todos los días el servicio público de la Administración de Justicia. Vaya para ellos, por delante, nuestro sincero reconocimiento por su anónima pero eficaz labor desde un ejercicio profesional impecable.
Pero, por desgracia, hay una minoría de asuntos muy significativos que tienen por efecto que la vida política y social de Euskadi viva una convulsión permanente y sostenida como consecuencia de determinadas decisiones judiciales, que afectan a pilares básicos de la división de poderes o limitan de forma drástica espacios legítimos de libertad de cualquier sociedad civilizada y democrática.
El respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no implica silencio y cobertura incondicional de su contenido. La sana crítica en defensa de las libertades de todos los ciudadanos ante decisiones formalmente legales, que son susceptibles de vaciar y socavar el ejercicio de derechos fundamentales, es una obligación de quienes creemos en la construcción democrática desde la responsabilidad y participación de todos los ciudadanos, instituciones y poderes públicos.
Son en este momento cientos los ciudadanos vascos que están incursos en procedimientos judiciales que tienen en la Ley de Partidos, y en el diagnóstico que a ella subyace, el punto de arranque de una nueva forma de legislar, interpretar y aplicar las leyes.
La Ley de Partidos supuso la consolidación oficial de una nueva forma de entender el juego político, que aparejaba una relectura restrictiva de quiénes podían -y quiénes no podían- hacer uso de los partidos como instrumentos de representación. Relectura que implicaba una legislación de excepción que condenaba a una parte muy significativa de la ciudadanía vasca a la invisibilidad política.
Debe recordarse que dicha Ley de Partidos no contó con el consenso mayoritario de la sociedad vasca aún siendo esta sociedad vasca la principal destinataria de sus consecuencias restrictivas. Un cambio tan trascendental de las reglas de juego debía haber contado con el consenso de las fuerzas mayoritarias en nuestro país. El consenso, sin embargo, no se buscó sino todo lo contrario: el diseño legislativo de excepción, la extensión de ilegalidad ad hoc a partidos hasta entonces legales se puso en marcha y se dejó en manos de los jueces su aplicación, sin prever exactamente las consecuencias.
Y las consecuencias, como en tantas ocasiones, han ido mucho más allá de lo que nadie hubiera imaginado. La mancha de aceite de dicha legislación de excepción está ampliando progresivamente su cerco.
Se ilegalizaron partidos y múltiples organizaciones. Pero de manera paralela se empezó a utilizar la legislación penal imputando delitos y dándolos por probados allí donde antes no había más que ejercicio de la actividad política.
El conjunto de procedimientos que rodean al denominado sumario matriz 18/98 visualizan una forma nueva de entender qué es terrorismo. Parece diluirse la necesaria imputación individual de responsabilidades en un juicio que prima la supuesta identificación con determinados fines e ideologías antes que con actos concretos de colaboración en hechos de terrorismo. Los macrosumarios recogen así el diseño excepcional de la Ley de Partidos y lo aplican sui generis en la esfera penal, con efectos drásticos en la ampliación de personas imputadas.
Abierta la espita, el desbordamiento de límites está servido y se precipita en cascada. No sólo se involucró en la maraña judicial a organizaciones de la denominada izquierda abertzale. El mismo
Eusko Legebiltzarrak (Parlamento Vasco) -con su presidente a la cabeza- tuvieron que enfrentarse a la duda de su connivencia con el terrorismo e, incluso, sentarse en el banquillo de los acusados, viéndose el normal discurrir institucional parlamentario convulsionado durante un interminable -y aún no concluso- periodo de tiempo por intervenciones judiciales.
El recién acuñado paraguas legal y su interpretación judicial repercutían ya directamente en la división de poderes y ponían bajo sospecha la representación parlamentaria máxima de nuestra Comunidad. Y ello ante la perplejidad de una ciudadanía que no era capaz -porque era sencillamente imposible- de distinguir las declaraciones políticas y las judiciales.
Paralelamente se amplia -sin conocerse todavía hasta dónde llegará- la legislación penal antiterrorista ordinaria. Nadie sabe ya hasta donde se extienden las prohibiciones penales: los delitos de amenazas (como muestra el dramatismo del caso De Juana), la apología del terrorismo, los delitos de colaboración con banda armada, los delitos incluso de pertenencia a banda armada se van progresivamente haciendo más y más extensos.
Todo ello, además con una utilización en demasiadas ocasiones de medidas cautelares que acaban por generar el efecto de cosa juzgada antes de haber sentencia. Ejemplo dramático y visible es la clausura de medios de comunicación. Baste recordar que en esta democracia se ha cerrado un medio de comunicación por mandamiento judicial sin que la misma haya recibido el refrendo de la legalidad de tan grave decisión. O que más recientemente se haya actuado de igual forma contra otro medio de comunicación, determinándose ahora que no hay elementos para formularse una acusación. Cabría preguntarse dónde está la tutela judicial efectiva en tales actuaciones.
Son demasiados los casos para recordarlos todos pero no puede tomarse con normalidad y exigir el silencio y el respeto cuando se procesa incluso al propio
Lehendakari por un presunto delito de desobediencia. Ya planeó la sombra del encausamiento penal cuando durante el Gobierno del Presidente Aznar se llegó a patrocinar y aprobar una ley ad personam para prohibir la celebración de referendums. Dicha ley felizmente se derogó pero ahora se pretende sembrar la sospecha de que el propio
Lehendakari de todos los vascos comete un delito por reunirse para dialogar y reconducir problemas de normalización política.
La lealtad con el Estado de Derecho no supone aceptar cualquier tipo de decisión judicial, sin derecho a crítica.
Un entendimiento de la democracia real, de una democracia calidad, exige que alcemos la voz precisamente para que el Estado de Derecho recupere las hechuras y los límites que justifican su legitimidad y superioridad moral. Y ello antes de que siga creciendo la bola de nieve. Pero también en defensa de todos nosotros, de nuestros derechos y libertades, de nuestra legitimidad como representantes de nuestro pueblo.
Esta declaración es por tanto una defensa leal de la división de poderes, de la taxatividad de los límites en la administración de justicia, de reivindicación de los derechos fundamentales, de reconducción hacia la normalidad democrática…Las instituciones vascas -y el
Gobierno Vasco tiene la obligación aquí y ahora de subrayarlo con total serenidad- debemos liderar y velar por esa necesaria normalidad, que arrumbe de forma definitiva con una deriva que no debe ir más lejos.
Las leyes y su interpretación, en definitiva, no pueden dar por resultado un escenario de periódico y repetido escándalo con decisiones incomprensibles para una mayoría del cuerpo social y en línea directa de deslegitimación de sus máximos representantes institucionales. Las leyes y su interpretación deben, además, generar seguridad jurídica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales al margen de nuestra ideología y color político.
El respeto a la ley no es la paz del miedo; no es el callar por si acaso; no es la sensación generalizada de que hay manifestaciones a las que uno no se puede adherir, ni reuniones a las que no se puede acudir… como si cada uno de nosotros tuviéramos que demostrar día tras día un label democrático, que es nuestro por derecho propio.
En resumen:
El
Gobierno Vasco traslada a la ciudadanía su honda preocupación por el impacto y la convulsión que algunas decisiones judiciales tienen en la vida política y social de Euskadi.
Convencidos de que el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales no implica silencio ni cobertura incondicional a su contenido, reiteramos nuestra alarma por el efecto de dichas decisiones en el ejercicio de derechos fundamentales.
Entendemos que la Ley de Partidos ha propiciado una nueva forma de interpretar y aplicar las leyes hasta el punto de que, en todo aquello que se relacione con el terrorismo, se tiende a diluir la necesaria imputación individual de responsabilidades.
El desbordamiento de los límites se ha hecho patente hasta el punto de poner bajo sospecha e la representación parlamentaria máxima de nuestra Comunidad y al propio
Lehendakari.
Nuestro convencimiento democrático nos exige reclamar que el Estado de Derecho recupere las hechuras y los límites que justifican su legitimidad y superioridad moral.
Conscientes de que las leyes y su interpretación no pueden dar por resultado un escenario de preocupación continuada, demandamos seguridad jurídica y claridad de expectativas para que todos disfrutemos de los derechos fundamentales que nos corresponden como ciudadanos.
Por último, este
Gobierno ha defendido, defiende y defenderá siempre a la Administración de Justicia como poder necesario e imprescindible de cualquier democracia. Nuestra preocupación se deriva, sin embargo, de una minoría de decisiones que, por su relevancia social, pueden acabar por vaciar la credibilidad y estima social incuestionable de la Justicia.
Eusko Jaurlaritzaren Adierazpen insituzionala
Eusko Jaurlaritzak, lasaitasunez baina irmo, Justizia Administrazioaren organo jakin batzuen jardunak eragiten dion kezka handiaren berri eman nahi die herritarrei. Izan ere, hainbat erabaki judizialek -dagoeneko gehiegik- eragin kaltegarria dute egiaz demokratikoa eta librea den gizartearen jardunean.
Balioespen hori egiterakoan, jakina, ez ditugu zaku berean sartu Justizia Administrazioaren zerbitzu publikoaren arduran egunero diharduten profesional guztiak, ezta haien arteko gehiengoa ere. Aldez aurretik, bihoakie gure eskerrik zintzoena profesionaltasun osoz betetzen duten zeregin anonimo eta eraginkorragatik.
Baina, zoritxarrez, gai gutxi batzuek garrantzi handia hartzen dute; izan ere, erabaki judizial jakin batzuek Euskadiko bizitza politiko eta soziala etengabe asaldatzen dute, botereen banaketaren oinarriak kolokan jarri eta edozein gizarte zibilizaturi legez dagozkion askatasun eremuak mugatzen dituztelako.
Erabaki judizialak errespetatzeak eta onartzeak ez du esan nahi erabaki horien edukiaren aurrean isilik geratu behar dugunik, eta, are gutxiago, erabaki horien alde egon behar dugunik. Demokrazia arduraz, eta herritarrek eta erakunde eta botere publiko guztiek parte hartuz eraiki behar dela sinesten dugunok kritika zintzoa egiteko betebeharra dugu, legezkoak diren baina funtsezko eskubideak baliatzeko aukera murriztu dezaketen erabakien aurrean, betiere herritar guztien askatasunen alde egingo badugu.
Ehunka euskal herritar daude sartuta hainbat prozedura judizialetan; legeak egiteko, interpretatzeko eta aplikatzeko modu berri batek eragindako prozedura judizialetan, hain zuzen ere. Alderdien Legea eta Lege horri buruzko diagnostikoa abiapuntutzat duten prozedura judizialak dira.
Alderdien Legeak joko politikoa ulertzeko modu berri bat finkatu zuen ofizialki. Lege horren arabera zera erabakitzen da: nork erabil ditzakeen alderdiak ordezkaritza-tresna gisa eta nork ez, legearen berrirakurketan muga murriztaileak jarrita. Berrirakurketa horrek salbuespeneko legedia ekarri du, eta, horren ondorioz, euskal herritarren zati handi bat politikoki ikusezin bihurtu da.
Gogoratu beharra dago euskal gizartearen gehiengoak ez zuela Alderdien Lege horren alde egin, Lege horren ondorio murriztaileen hartzaile nagusia euskal gizarte hori izan arren. Joko-arauak goitik behera aldatzeko, ordea, gure herrian gehiengoa duten indarrek ados egon behar zuten. Aitzitik, ez zen adostasuna bilatu, kontrakoa baizik: salbuespeneko lege-diseinua, ordura arte legezkoak ziren alderdiak propio legez kanpo uzteko prozesua abian jarri zen, eta epaileen esku utzi zen lege hori aplikatzea, horrek izango zituen ondorioak zehatz-mehatz aurreikusi gabe.
Eta ondorioak, beste hainbatetan bezala, inork pentsa zezakeen baino latzagoak izan dira. Salbuespeneko legedi hori gero eta eremu gehiago ari da kutsatzen.
Alderdiak eta hainbat erakunde legez kanpo jarri zituzten. Eta, aldi berean, legedi penala erabiltzeari ekin zitzaion, lehen jarduera politikoa besterik ez zena delitutzat hartzeko eta delitu horiek frogatutzat emateko.
18/98 izeneko sumario nagusiaren inguruko prozedura guztiek terrorismoa zer den ulertzeko modu berria azaleratzen dute. Erantzukizun indibiduala alde batera utzi dela dirudi, eta helburu eta ideologia jakin batzuekiko identifikazioa zigortzea nagusitu da epaiketetan, terrorismo ekintzetan laguntza ematea bigarren mailan jarrita. Makrosumarioek, beraz, Alderdien Legearen salbuespeneko diseinua bilduta, sui generis aplikatzen dute diseinu hori esfera penalean, eta, horren ondorioz, izugarri gehitzen da inputatuen kopurua.
Zotza kenduta, mugak gainezkatzen dira, eta isuria etengabea da. Nahas-mahas judizialean, ordea, ez ziren harrapatuta geratu ezker abertzaleko erakundeak soilik.
Eusko Legebiltzarrak ere -Presidentea aitzindari- terrorismoarekin ados ote zegoen argitu behar izan zuen, eta, are gehiago, errudunen aulkian eseri behar izan zuen. Horrekin batera, esku-hartze judizialek legebiltzarraren ohiko jardunaren haustura ekarri zuten eta oraindik ere haustura bere horretan dago.
Eratu berri zen legezko aterpea eta haren interpretazio judiziala zuzeneko eragina izaten hasi ziren botere-banaketan, eta susmagarri bihurtu zuten gure Erkidegoko legebiltzar-ordezkaritza gorena. Horrek guztiak, berriz, harrituta utzi zituen herritarrak, ezin baitzuten bereizi adierazpen politikoen eta judizialen artean, ezinezkoa baitzen.
Aldi berean, terrorismoaren aurkako legedi penal arrunta hedatu zen, eta oraindik ere ez dakigu noraino iritsiko den. Dagoeneko inork ez daki debeku penalen norainokoak zeintzuk diren: mehatxu-delituak (De Juanaren kasu lazgarria dugu argibide garbia), terrorismoaren apologia, talde armatuari laguntza ematearen delituak, eta, are gehiago, banda armatuko kide izatearen delituak gero eta zabalagoak egiten ari dira.
Horretarako guztirako, gainera, kautelazko neurriak gehiegitan erabiltzen dira, epaia eman baino lehen gauza epaituaren efektua sortuz. Komunikabideak ixtea da horren adibide lazgarri garbia. Gogoratu besterik ez dago demokrazia honetan agindu judizial bidez komunikabide bat itxi dela, halako erabaki larria hartzeko legea kontuan izan gabe. Eta geroago beste komunikabide baten aurka berdin jardun eta orain erabaki da ez dagoela akusaziorik formulatzeko elementurik. Hori guztia ikusita, hau galdetzen dugu: jardun horien aurrean, zer gertatzen da babes judizial efektiboarekin?
Kasu gehiegi dira denak gogoan izateko, baina ezin da normaltzat hartu Lehendakaria ere ustezko desobedientzia-delitu batengatik prozesatzea eta horren aurrean isilik geratzeko eta errespetatzeko eskatzea. Aznar Presidentearen Gobernuan ere auzipetze penalaren arriskua ikusteko aukera izan genuen, erreferendumak egitea debekatzeko ad personam lege bat babestu eta onartu zenean. Zorionez, lege hura indargabetu egin zen. Baina, orain, euskal herritar guztion Lehendakaria ere susmopean jarri nahi da, normalizazio politikoaz hitz egiteko eta egoera bideratzeko biltzeagatik delitua egiten duela esanda.
Zuzenbide Estatuarekiko leiala izateak ez du esan nahi edozein erabaki judizial onartu behar denik, kritikarako eskubiderik izan gabe.
Egiazko demokrazia, kalitatezko demokrazia, edukiko badugu, mintzoa goratu behar dugu, Zuzenbide Estatu horri legitimotasuna eta nagusitasun morala ematen dioten egiturak eta mugak berreskuratzearren, elur-pilota gehiago haz ez dadin, baita gu guztion, gure eskubide eta askatasunen, gure herriaren ordezkari gisa dugun legitimotasunaren alde egitearren ere.
Hortaz, adierazpen honen bidez, leial defendatu nahi ditugu botere banaketa eta justizia-administrazioaren muga zehatzak. Era berean, giza-eskubideen eta normaltasun demokratikoaren bidea jorratu beharra aldarrikatzen dugu. Euskal erakundeok -eta
Eusko Jaurlaritzak lasaitasun osoz aditzera eman beharra du orain eta hemen- beharrezkoa den normaltasun horren zaintzan aitzindari izan behar dugu, okerreko bide horretan aurrera egiteko aukerarik izan ez dadin.
Azken batean, ez da bidezkoa legeek eta legeen interpretazioak eskandalua eragitea behin eta berriz, gizartearen gehiengoak ulertzen ez dituen eta gizartearen erakunde-ordezkari gorenak deslegitimatzearren hartzen diren erabakiak direla-eta. Legeek eta legeen interpretazioak, gainera, segurtasun juridikoa sortu eta ikuspegi argia eman behar dute, gure funtsezko eskubideak baliatzeko aukera izan dezagun guztiok, gure ideologia eta kolore politikoa edozein direla ere.
Legearekiko errespetua ez da beldurrean oinarritutako bakea, ez da isilik geratu beharra zer gerta ere; gizarteak oro har zenbait agerraldirekin bat egin ezin duela eta hainbat bileratara joaterik ez duela pentsatzeak, esate baterako, ez du zerikusirik legea errespetatzearekin, ezta gutako bakoitzak egunero gure label demokratikoa frogatu behar izateak ere, azken batean label hori berez dugun eskubidea baita.
Laburbilduz:
Eusko Jaurlaritzak herritarrei adierazi nahi die hainbat erabaki judizialek kezka handia sortzen diotela, Euskadiko bizitza politiko eta sozialean eragin kaltegarria dutelako, gure gizartea asaldatzen dutelako, alegia.
Konbentzituta gaude erabaki judizialak errespetatzeak eta onartzeak ez duela esan nahi erabaki horien edukiaren aurrean isilik geratu eta erabaki horien alde egin behar dugunik. Hortaz, gure egonezina adierazi nahi dugu, berriro ere, erabaki horiek funtsezko eskubideak baliatzeko aukeran duten eragin kaltegarriagatik.
Gure ustez, Alderdien Legeak legedia interpretatzeko eta aplikatzeko modu berria ahalbidetu du, eta terrorismoarekin lotzen den guztiari dagokionez erantzukizunen egozpen indibiduala ezabatzeko joera ezarri du.
Mugak gainditu dira; ikusi besterik ez dago gure Erkidegoko legebiltzar-ordezkaritza gorena eta Lehendakaria bera ere susmopean jarri dituztela.
Zuzenbide Estatuarekiko leiala izateak ez du esan nahi edozein erabaki judizial onartu behar denik, kritikarako eskubiderik izan gabe.
Demokrazian irmo sinesten dugunez, honako hau aldarrikatzen dugu: Zuzenbide Estatuak legitimotasuna eta nagusitasun morala ematen dioten egitura eta mugak berreskuratu behar ditu.
Konbentzituta gaude ez dela bidezkoa legeek eta legeen interpretazioak behin eta berriz kezka eragitea, eta, beraz, segurtasun juridikoa eta ikuspegi argia eskatzen dugu, denok herritar gisa dagozkigun funtsezko eskubideak baliatzeko aukera izan dezagun.
Amaitzeko,
Jaurlaritzak Justizia Administrazioa babestu, babesten eta babestuko du beti, edozein demokraziarentzat beharrezko eta ezinbestekoa den boterea delako. Gure kezka, ordea, erabaki gutxi batzuengatik sortu da; izan ere, erabaki horiek gizartean duten garrantziagatik, guztiz ezabatu baititzakete dudagabeak izan beharko liratekeen Justiziaren sinesgarritasuna eta gizarteak harekiko izan beharko lukeen estimua.
